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Hola Pablo. Abusando de tu espacio, expongo los criterios que he explicado también a don Prieto.
Su línea argumental es la línea de los nacionalistas y de los neocon norteamericanos. En Florida y en California hay una corriente neocon que defiende que las políticas distributivas siempre deben hacerse con criterios personales, pero no territoriales. Dicen que hay que permitir que la riqueza se concentra en las zonas más dinámicas (como hace el mercado), de manera que nada de fondos de cohesión territoriales, sino simplemente fondos personales. Así Californis puede competir en el mundo sin perder alforjas en el equilibrio territorial.
Resulta que la equidad territorial (eso que usted llama un invento de los nacionalistas) es un elemento capital de la socialdemocracia moderna. Si nos limitamos a redistribuir por rentas, dejaremos que el mercado potencie los polos de desarrollo y abandonaremos a su suerte los espacios más desfavorecidos. Crearemos una sociedad socialmente equilibrada, pero territorialmente descompensada. La equidad territorial quiere decir mantener los territorios incluso contra la lógica del mercado. Si hasta Franco creó los polos de desarrollo.
Una de las cuestiones más ridículas de esta discusión es que como ustedes tienen que negar a toda costa que la nivelación fiscal no sólo se hace por criterios personales, sino también territoriales, es que ustedes se en abocados a negar el principio de equidad territorial.
Si quiere, no entramos en la discusión teórica sobre si debe haber o no equidad territorial. Aparquemos la teoría. En la práctica, es decir, hoy mismo, el Estado actúa con criterios de nivelación personales y territoriales. Si a usted le parece mal, dígalo. Proponga una enmienda a los presupuestos del Estado. Pero mientras tanto no niegue la evidencia.
Fíjese. La Constitución contempla los criterios de nivelación territorial. Existe el FCI, que se lleva una parte importante del pastel de inversiones (un mínimo de la cuarta parte). Existen los fondos de cohesión, que tienen como objetivo nivelar las regiones. Y además como éste es un estado de las autonomías y la mayor parte de las competencias están transferidas, la asignación de recursos no se hace a los individuos sino a las CCAA.
Este último punto es muy importante. Los criterios de asignación de recursos a las CCAA (ley 21/2001) no tienen en cuenta algo tan relevante como la inmigración. En Cataluña, que tiene la cuarta parte de toda la inmigración de España, hay 400.000 tarjetas sanitarias más que residentes. Como el Estado asigna recursos por población (con factores de corrección TERRITORIALES como la extensión o la insularidad), aquí tenemos un gap.
¿Sabe lo que me fastidia más de toda esta historia?. Me parece bien que discutamos y que discrepemos. Quizás agradecería que se leyese los argumentos de la competencia para lograr un debate más rico. Pero lo que raya un poco es el comentario inicial «No nos engañemos (o sin medias tintas): lo que se plantea en el PSC y el PP madrileño es que las ricas Cataluña y Madrid contribuyan menos a ayudar a las regiones pobres de España. Ya está».
Pues no, compañero Prieto. Mire. Mi hermano trabaja en un servicio de urgencias. El otro día le pedí que me mostrase el nivel de prestación de servicios y, créame, me encontré ante un panorama poco agradable. Hablamos de esto, don Prieto. De lo de siempre. Este modelo es injusto porque está castigando los servicios públicos de los catalanes y, por tanto, está castigando a los que menos tienen.
Mire don Prieto, Cataluña tiene una capacidad fiscal y un PIB un 22% por encima de la media, pero eso es una media. Resulta que en Cataluña hay 700.000 personas en una situación de pobresa, que es toda la población de Extremadura junta. Pues bien, Cataluña recibe recursos por habitante un 5% por debajo de la media. Eso sin tener en cuenta la capacidad de compra, claro, o el diferencial de inflación. (Yo soy funcionario y gano lo mismo que un cacereño pero mi nivel de compra es un 78% del suyo). Otras comunidades que tienen una renta un 33% por debajo de la media luego obtienen recursos por habitante un 24% por encima de la media. Que se rompa el principio de ordinalidad no ocurre en ningún país del mundo: ni en Dinamarca, que sostiene la economía de Groenlandia.
No es que me moleste la demagogia o la sordera. No estamos ante un debate filosófico. Es que este debate tiene una consecuencia directa en los servicios públicos de Cataluña, que también es España. Hemos inventado un modelo que crea privilegios en unas zonas y estos privilegios afectan a a la calidad de los servicios en otras. ¿Cómo lo sé?. Porque eso es lo que explican las balanzas fiscales.
En cualquier otro lugar del mundo, se aplaudiría un estudio estadístico. Aquí, se publican las balanzas fiscales y se monta la de Dios. Cualquier día van a montar una manifestación contra la publicación del Censo de Habitantes. Ya tenemos un nuevo punto programático: Abolamos el INE.